La prioridad del Gobierno de Puebla es el combate frontal a la corrupción; en este sentido, todo buen gobierno debe cumplir con los principios de justicia y equidad hacia sus ciudadanos, por eso el combate a la corrupción es una demanda de nuestra sociedad para recuperar la confianza y honestidad de sus gobernantes. Es demandante que los nuevos gobiernos sean moralmente responsables consigo mismos y con sus gobernados, para hacer más eficiente el sistema público.
Bajo esta premisa, sin simulaciones, el Gobierno de Puebla ha emprendido un combate frontal y acertado en contra de la corrupción, siendo una de las prioridades de la presente Administración; misma que se ha realizado desde 3 frentes: primero, contención diaria; segundo, fortalecimiento de leyes; y, tercero, persecución contra quienes violan la ley; con esto, se afirma con seguridad que no se ha solapado un solo acto de corrupción, lo que ha contribuido a tener un gobierno eficiente y al servicio de las y los poblanos.
Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio de las y los poblanos, se investigan: operaciones financieras, la operación de las Notarías Públicas, relaciones contractuales y concesiones de RUTA, la operación del CAPCEE, la venta de inmuebles del Gobierno del Estado, el Tren Turístico Puebla – Cholula, el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla, el Teleférico, la destrucción y venta de Flor del Bosque y la asignación ilegal de títulos profesionales en beneficio de operadores políticos, entre otros temas.
En este sentido, acabamos con el modelo de negocios al servicio de personas y empresas en el cual Administraciones pasadas habían convertido la Administración Pública; se desmanteló la estructura institucional y burocrática al servicio de los intereses de unos cuantos, que además generaban dispendio de recursos y una corrupción escandalosa; por ello, este Gobierno ha concentrado sus acciones en la revisión profesional, meticulosa y ordenada, a fin de detectar y sancionar actos de corrupción del pasado e inhibirla en la actual; cero tolerancia a la corrupción.
Ha sido necesario y responsable rediseñar el servicio público del Gobierno de Puebla y que el ejercicio de la función pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, austeridad, transparencia y eficiencia. La presente Administración ha realizado adecuaciones al marco jurídico que hace referencia al desempeño de los servidores públicos, mismo que fortalecerá su actuar en el ejercicio de sus funciones, señalando sus límites como funcionarios y dejando en claro que somos personal al servicio de la sociedad.
También, esta Administración ha concentrado sus acciones en la revisión objetiva y clara de hechos de corrupción realizados por servidores públicos que operaban con irregularidades, generando usurpación de funciones, uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa, mismas que serán sancionadas en estricto apego a la Ley. Hoy estamos decididos a que se respeten los derechos de los ciudadanos en sus bienes.
En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y a fin de verificar que las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas por el Gobierno de Puebla, así como de los objetivos, planes, programas y metas establecidas por las dependencias y entidades de la APE se hayan ejecutado de conformidad con los principios de economía, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, en el periodo que se informa se han auditado 9 mil 594 millones 918 mil pesos agrupados en 118 auditorías.
Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 34 mesas de trabajo para la atención a los 863 hallazgos derivados de las auditorías realizadas por los auditores externos, contando con la participación de las y los servidores públicos de las dependencias, entidades paraestatales y organismos objeto de las revisiones, así como de los auditores externos, atendiéndose el 59% de los hallazgos y quedando el 41% en fase de seguimiento y solventación.
Se tienen abiertos 39 expedientes en los cuales se están investigando hechos probablemente constitutivos de alguna falta prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los cuales en 32 se investigan hechos relacionados con la probable comisión de faltas administrativas graves; esto, en independencia de los 579 expedientes que se encuentran abiertos en los Órganos Internos de Control (OIC) y en los cuales también se investigan hechos cometidos en el mismo rubro, en relación a las 644 denuncias por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores públicos.
Se dispone de la línea telefónica 800-46-63-786, que proporciona atención las veinticuatro horas los 365 días del año, donde se atendieron 2 mil 405 usuarios, brindando orientación para la realización de diversos trámites y servicios y en algunos casos se iniciaron las investigaciones correspondientes.
Para combatir la impunidad, el Gobierno de Puebla impulsó la prevención y detección de conductas que pudieran constituir delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita; por lo que, se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla; lo anterior, como consecuencia de la investigación de 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.
En cumplimiento a la Ley del Notariado, la cual es de orden público e interés social, que tiene por objeto regular la organización y eficacia jurídica del instrumento notarial, el Gobierno de Puebla realizó una revisión exhaustiva a 29 Notarías del Estado que fueron otorgadas durante la Administración 2011-2017, de las cuales, se anuló la Patente de Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular.
Se recibieron 213 quejas ciudadanas en contra de 50 Notarios Públicos, de las cuales, se emitieron 31 resoluciones y las 182 quejas restantes continúan en proceso de revisión.
Se realizaron 116 visitas de supervisión a las Notarías Públicas del Estado, 56 ordinarias y 65 extraordinarias, emitiendo mil 186 recomendaciones, con lo cual se dio cumplimiento a la vigilancia notarial en diversos distritos judiciales.
La presente Administración implementó acciones legales tendentes a defender los intereses jurídicos del Estado, interviniendo de manera directa en más de mil 500 procedimientos como lo son juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios laborales, juicios civiles, juicios agrarios, juicios de nulidad administrativa, denuncias y quejas ante Organismos de Derechos Humanos.
A través de la implementación de dicha defensa jurídica, se logró obtener resoluciones favorables en diversos juicios, en cuya ejecutoria absolvió al Gobierno de Puebla respecto del pago o indemnización de cantidades reclamadas que representaron más de mil 400 millones de pesos.
Igualmente, el Gobierno de Puebla presentó juicios de nulidad administrativa, correspondientes a la venta de inmuebles que realizaron Administraciones anteriores a particulares, y cuyo monto de afectación al patrimonio de los poblanos fue de más de mil millones de pesos.
En lo que refiere al sistema de recaudo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la presente Administración detectó irregularidades desde su planeación como una sobre demanda en la proyección de usuarios y fórmulas para pago en beneficio de los concesionarios; durante su ejecución y puesta en marcha, se presentó información con sobre costo en la inversión reportada por la empresa de recaudo y en la operación se reportaban de manera incompleta los recursos recaudados, estimando una pérdida por un monto mensual de hasta 40 millones de pesos; además, de un deficiente mantenimiento a los equipos de cobro, entre otras situaciones.
Se han encontrado irregularidades en contratos de 27 obras de los espacios educativos realizados a través del Comité Administrador Poblano para la Creación de Espacios Educativos (CAPCEE), donde se han detectado anomalías por un monto de 204 millones 748 mil 610 pesos, mismas que afectaron a 928 instituciones educativas por esta situación, que sin lugar a dudas tiene una incidencia directa a las condiciones físicas de los planteles de formación para el alumnado poblano.
En lo que refiere a actos de corrupción en el ámbito educativo, el Gobierno de Puebla detectó irregularidades en la expedición de títulos profesionales, mismas que fueron notificadas al OIC del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), en este sentido, en el periodo que se informa se han presentado 26 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Puebla en contra de ex-alumnos, por su presunta participación del hecho que la ley señala como “uso de documento falso”, que a su vez se remitieron a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla. Asimismo, se investiga a servidores públicos que estén vinculados por la presunta participación en la comisión del hecho que la ley señala como “delito de falsificación de documento”.
Con el propósito de contribuir a la cultura de la legalidad, se registraron en el sistema DeclaraNet plus 16 mil 998 declaraciones de situación patrimonial, clasificadas en mil 820 por conclusión, 4 mil 245 en su modalidad de inicial y 10 mil 933 de modificación; asimismo, se brindaron 3 mil 352 asesorías en materia de declaraciones de situación patrimonial a las personas del servicio público de la APE para el cumplimiento de sus obligaciones.
Para el fortalecimiento de las tareas de fiscalización y con el objetivo de abatir el rezago de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en ejercicios anteriores, se emitieron 35 dictámenes técnicos con observaciones por un monto de 236 millones 537 mil 570 pesos, como resultado de las visitas de inspección a obras ejecutadas con recursos federales en 25 municipios de la entidad durante el periodo que se informa, las cuales se enfocaron en la verificación de la operación de las obras correspondientes a los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2015, Contingencias Económicas 2015, Programas Regionales 2015 y al Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 (FORTAFIN), logrando con ello Instituciones Públicas fortalecidas, promoviendo con esto la confianza ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas.
| Objetivo Especifico | Obras con problemática |
|---|---|
| TOTAL | 35 |
| APAZU 2015 | 2 |
| Programa Regionales 2015 | 1 |
| Contingencias Económicas 2015 | 4 |
| FORTAFIN 20171/ | 28 |
Con la finalidad de fortalecer la ética e integridad en el servicio público, la presente Administración actualizó y enriqueció el marco jurídico aplicable estatal, en materia de función pública, para lo cual se han emitido 5 documentos normativos.
Se integraron 35 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, impulsando así el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de Conflicto de Interés a través de acciones de orientación, capacitación y difusión.
Se diseñó e implementó la plataforma electrónica denominada #PROintegridad, cuyo propósito es brindar a la ciudadanía una herramienta tecnológica, eficiente, eficaz y de fácil acceso para llevar a cabo procedimientos de denuncia o inconformidad en contra de personas servidoras públicas de la APE y particulares vinculadas con faltas administrativas, así como también para la presentación de inconformidades en contra de actos en procedimientos de adjudicación o contratación pública, garantizando el anonimato del denunciante.
Con el propósito de transparentar la aplicación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, se realizaron un total de 16 mil 89 acciones en materia de contraloría social en 147 municipios se capacitó a 6 mil 958 personas; en el mismo sentido, se levantaron 4 mil 251 cédulas de vigilancia entre las y los beneficiarios de unidades médicas para conocer su percepción sobre los servicios de salud y se aplicaron 4 mil 880 encuestas a beneficiarios de diferentes programas sociales, obras y servicios, a fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas.
| Acción | Beneficiarios |
|---|---|
| TOTAL | 16,089 |
| Capacitación en materia de contraliría social | 6,958 |
| Cédula de vigilacia | 4,251 |
| Verificaciones | 4,880 |
En el marco del diseño y construcción de la Política Estatal Anticorrupción, el Gobierno de Puebla llevó a cabo un proceso participativo con la promoción y difusión de la consulta ciudadana a través de carteles, redes sociales y portales electrónicos, así como la sensibilización a los usuarios de los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía; la consulta ciudadana se realizó en enero del 2020, en la cual participaron especialistas, académicos, representantes de las organizaciones sociales y civiles, donde se identificaron las problemáticas y las prioridades respecto a la percepción ciudadana; de esta manera, dicha consulta identificó 5 temáticas de la corrupción que afectan a la ciudadanía, destacando que, los principales resultados de la consulta fueron: La corrupción en trámites y servicios; la corrupción en seguridad pública y como obstáculo para el acceso a la justicia; bajos niveles de denuncia de actos de corrupción; y, el escaso control y vigilancia social.
Por otra parte, la Plataforma Digital Nacional deberá integrar y conectar diversos sistemas, subsistemas y conjuntos de datos que contienen información relevante, a través de los sistemas: Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones pública y Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados, lo que permitirá integrar datos necesarios para que las autoridades competentes cuenten con información para la toma de decisiones.
Puebla se ubicó en la segunda mejor posición nacional de 29 entidades federativas evaluadas respecto a sus avances en el proceso de interconexión a los Sistemas antes referidos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
